Image: from Patricia Janiot X @patriciajaniot
Por Open Chronicle con agencias
En una medida contundente para frenar el aparato represivo en Nicaragua, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones contra cinco altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Los designados lideran las principales agencias financieras, de comunicaciones y militares que sostienen el control del régimen sobre la población.
Desarticulando el aparato de represión
La acción, ejecutada a mediados de febrero, apunta a figuras estratégicas dentro de la estructura estatal que permiten la intimidación y el silenciamiento de los opositores políticos. Entre los sancionados se encuentran el Director y Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero, el Ministro del Trabajo, el Subdirector General del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y el jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército de Nicaragua.
“La dictadura de Murillo-Ortega ha continuado su campaña nacional e internacional de represión y tiranía”, declaró el Secretario del Tesoro, Scott Bessent. Según el alto funcionario, estas medidas buscan que el régimen rinda cuentas por las violaciones sistemáticas de derechos humanos y el socavamiento de las instituciones democráticas.
El control mediático y la vigilancia militar
Uno de los puntos clave de estas sanciones es el papel de TELCOR. Bajo la dirección del régimen, este organismo no funciona como un ente regulador técnico, sino como un componente central del aparato de vigilancia e inteligencia. Se le acusa de monitorear redes sociales, controlar a la prensa y gestionar “granjas de troles” dedicadas al acoso, difamación y ciberataques contra disidentes.
Asimismo, la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar (DICIM) ha sido identificada como una pieza fundamental en el seguimiento de periodistas, defensores de derechos humanos y exmilitares considerados “desleales” al régimen, coordinando sus acciones con la policía para eliminar cualquier forma de oposición.
Un cambio constitucional para perpetuarse
Estas sanciones ocurren en un contexto de creciente autoritarismo. En enero de 2025, la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma constitucional diseñada para cementar una dinastía familiar. Las modificaciones elevaron a Rosario Murillo al rango de “Copresidenta”, subordinaron todos los poderes del Estado al ejecutivo y legalizaron el uso de fuerzas paramilitares para imponer el orden.
Desde 2018, Nicaragua ha vivido un deterioro constante de las libertades civiles, con detenciones arbitrarias, asesinatos extraterritoriales y el exilio forzado de cientos de periodistas y activistas. Estados Unidos ha reafirmado que continuará utilizando sus herramientas financieras para apoyar las aspiraciones de libertad y justicia del pueblo nicaragüense.