Por Open Chronicle con agencias
Más de medio millón de hogares mexicanos se han visto afectados por el desplazamiento forzado a causa de la violencia durante los últimos cinco años, según nuevos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las cifras ofrecen una de las primeras panorámicas nacionales sobre una crisis humanitaria que durante años ha permanecido fuera de las estadísticas oficiales.
Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, personas pertenecientes a unos 510.000 hogares se vieron obligadas a abandonar sus viviendas y trasladarse a otras zonas de México para escapar de la violencia. El fenómeno afectó a aproximadamente 1,6 millones de personas, una cifra que incluye tanto a quienes tuvieron que huir como a quienes permanecieron en sus comunidades y sufrieron las consecuencias del desplazamiento de sus familiares.
Hasta ahora, la falta de datos nacionales completos había obligado a organizaciones civiles y autoridades locales a recopilar información de manera fragmentada para intentar comprender la verdadera dimensión del problema.
Una crisis que afecta a todo México
Los datos del INEGI muestran que el desplazamiento forzado no se limita a determinadas regiones, sino que afecta a todo el territorio mexicano.
Los estados de Zacatecas, Morelos, Michoacán, Querétaro y Colima registraron las tasas más elevadas de desplazamiento relacionado con la violencia de los cárteles.
En muchas comunidades, las amenazas, los enfrentamientos entre organizaciones criminales y la inseguridad han obligado a familias enteras a abandonar sus hogares, sus tierras y sus medios de subsistencia.
Algunas personas se trasladan a ciudades cercanas, mientras que otras recorren grandes distancias para establecerse en lugares donde esperan encontrar mayor seguridad.
Sin embargo, identificar a todas las víctimas resulta especialmente complicado. Muchas familias abandonan sus comunidades sin denunciar lo ocurrido por temor a represalias, mientras que otras prefieren mantener en secreto su paradero o esperan regresar a sus viviendas cuando las condiciones de seguridad lo permitan.
Un avance para comprender la dimensión del problema
David Mora, analista de México para International Crisis Group, considera que la publicación de las nuevas cifras representa un avance importante para comprender las consecuencias humanitarias de la violencia criminal.
Durante años, las organizaciones de la sociedad civil y las propias víctimas han advertido sobre el aumento del desplazamiento interno, pero la ausencia de estadísticas nacionales dificultaba el reconocimiento y la atención del fenómeno.
Mora señaló que disponer de datos elaborados por un organismo independiente como el INEGI constituye un primer paso para desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de las personas desplazadas.
Muchas de estas familias llegan a sus nuevos destinos sin recursos económicos, vivienda o redes de apoyo. En numerosos casos, deben reconstruir sus vidas desde cero, encontrar empleo y garantizar el acceso de sus hijos a la educación y a los servicios sanitarios.
La falta de mecanismos específicos de asistencia también dificulta su integración en las comunidades receptoras.
Las cifras podrían ser considerablemente mayores
El informe del INEGI contempla únicamente los desplazamientos registrados entre octubre de 2020 y octubre de 2025.
Por tanto, no incluye a las personas que tuvieron que abandonar sus hogares antes de ese período, pese a que la violencia vinculada al crimen organizado ha afectado a numerosas regiones mexicanas durante casi dos décadas.
La intensificación de los enfrentamientos entre las autoridades y los cárteles se remonta a 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón impulsó una ofensiva militar contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Desde entonces, diferentes comunidades han experimentado episodios recurrentes de violencia que han provocado el abandono de viviendas y el desplazamiento de sus habitantes.
Las nuevas estadísticas tampoco incluyen a quienes huyeron de México hacia Estados Unidos, ya que el estudio se centra exclusivamente en los desplazamientos dentro del territorio nacional.
Estas limitaciones indican que el número acumulado de personas afectadas por el desplazamiento forzado podría ser considerablemente superior al reflejado en el informe.
Claudia Sheinbaum cuestiona las cifras del INEGI
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha centrado buena parte de la estrategia de seguridad de su Gobierno en la reducción de los homicidios y el combate contra las organizaciones criminales.
Aunque ha abordado casos concretos de familias desplazadas por episodios de violencia y ha señalado que las autoridades trabajan para facilitar su regreso a sus comunidades, el desplazamiento forzado como fenómeno nacional ha recibido una atención más limitada en sus declaraciones públicas.
Durante su conferencia de prensa matutina del miércoles, Sheinbaum cuestionó las cifras publicadas y explicó que había solicitado al INEGI información adicional sobre las preguntas y la metodología utilizadas para elaborar el estudio.
La presidenta busca conocer con mayor detalle cómo se calcularon los resultados y qué criterios se aplicaron para identificar a los hogares afectados.
La publicación de los datos se produce, además, en un contexto de presión por parte de la Administración estadounidense de Donald Trump para que México demuestre avances en materia de seguridad y en la lucha contra las organizaciones criminales.
El desafío de reconstruir la vida lejos del hogar
Más allá de las estadísticas, el desplazamiento forzado representa una crisis humanitaria que afecta profundamente a las comunidades mexicanas.
Abandonar una vivienda por temor a la violencia supone, en muchos casos, perder el empleo, las propiedades, los vínculos familiares y el acceso a servicios esenciales.
Las familias desplazadas pueden enfrentarse a dificultades para encontrar alojamiento, acceder a la educación o conseguir un trabajo estable. A ello se suma la incertidumbre sobre la posibilidad de regresar algún día a sus lugares de origen.
Los nuevos datos del INEGI permiten dimensionar una realidad que durante años ha sido documentada principalmente por organizaciones civiles y autoridades regionales.
El desafío para las instituciones mexicanas será transformar esa información en medidas capaces de proteger a las personas desplazadas, atender sus necesidades inmediatas y establecer condiciones de seguridad que permitan a quienes lo deseen regresar a sus comunidades.
Para cientos de miles de familias, las consecuencias de la violencia no terminan cuando consiguen escapar de ella. El desplazamiento marca el comienzo de una nueva etapa de incertidumbre, en la que recuperar la estabilidad puede llevar años.