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Por Open Chronicle con agencias
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfrenta una creciente presión política después de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos fuera condenado a 24 años de prisión por un caso de corrupción relacionado con contratos públicos adjudicados durante la pandemia de COVID-19.
La sentencia, dictada por el Tribunal Supremo de España, concluyó que Ábalos participó en una trama de adjudicación irregular de contratos para la compra de mascarillas y otros suministros sanitarios a cambio de comisiones ilegales. El exministro fue declarado culpable de cohecho, malversación, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal.
Una red de corrupción durante la pandemia
La investigación también llevó a la condena de Koldo García, antiguo asesor de Ábalos, quien recibió una pena de 19 años de prisión por su participación en la red.
Por su parte, el empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión, aunque la pena quedó suspendida tras colaborar con la justicia y aportar documentación clave sobre el funcionamiento de la trama. Además, deberá pagar una multa de 3,7 millones de euros.
Durante el proceso, Aldama aseguró que parte de los fondos obtenidos ilícitamente habrían terminado beneficiando al Partido Socialista, aunque no presentó pruebas concluyentes que respaldaran esa acusación.
La decisión judicial generó críticas dentro del propio Gobierno. El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó públicamente la reducción de la condena para Aldama debido a su cooperación con la justicia.
Golpe para el entorno político de Sánchez
La sentencia representa un duro golpe para Pedro Sánchez, quien durante años consideró a Ábalos uno de sus colaboradores más cercanos.
Cuando Sánchez perdió temporalmente el liderazgo socialista en 2016, Ábalos fue uno de los dirigentes que permaneció a su lado y participó activamente en la campaña que permitió su regreso a la dirección del partido. Tras recuperar el liderazgo, Sánchez lo nombró secretario de Organización del PSOE y posteriormente ministro de Fomento y Transportes.
Según la sentencia, Ábalos aprovechó su posición para desviar fondos públicos destinados a gastos personales, incluida la adquisición y alquiler de propiedades.
Aunque Sánchez ha intentado distanciarse políticamente de su antiguo aliado desde 2021, cuando abandonó sus responsabilidades gubernamentales y partidarias, la condena ha reavivado las críticas sobre la gestión y supervisión dentro del Ejecutivo.
La oposición exige responsabilidades
Tras conocerse la sentencia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión del presidente del Gobierno.
Feijóo afirmó que Sánchez tiene responsabilidad política por los actos cometidos por quienes ocuparon puestos clave en sus gobiernos y denunció que la corrupción ha afectado a personas muy cercanas al jefe del Ejecutivo.
Sin embargo, el líder conservador descartó promover una moción de censura al considerar que actualmente no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para prosperar.
Más casos aumentan la presión
La condena de Ábalos se suma a otros procedimientos judiciales que han afectado a figuras próximas al entorno socialista en los últimos meses.
Entre ellos destaca la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias, acusaciones que él rechaza y frente a las cuales ha prometido demostrar su inocencia.
Además, las autoridades investigan otras presuntas irregularidades relacionadas con contratos públicos, un proceso que también involucra al exdirigente socialista Santos Cerdán.
La acumulación de investigaciones y procesos judiciales ha deteriorado la imagen del Partido Socialista y ha alimentado el debate sobre la estabilidad política del Gobierno.
Sánchez insiste en continuar hasta 2027
Pese al creciente desgaste político, Pedro Sánchez ha reiterado que mantendrá su intención de gobernar hasta el final de la legislatura, previsto para 2027.
No obstante, incluso algunos de sus socios parlamentarios han comenzado a cuestionar la estrategia del Ejecutivo. El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, planteó públicamente si tiene sentido mantener la actual situación política cuando las acusaciones de corrupción continúan afectando al entorno gubernamental.
En respuesta a la sentencia, la oficina del presidente emitió un comunicado en el que condenó cualquier comportamiento contrario a la legalidad y reafirmó su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción.
La condena contra Ábalos marca el cierre de una primera fase judicial, aunque las investigaciones relacionadas con otras adjudicaciones públicas y posibles irregularidades continúan abiertas, lo que mantiene la presión sobre el Gobierno y sobre el propio Pedro Sánchez en un momento especialmente delicado para la política española.